En estos días hemos vivido una nueva ofensiva por todo lo alto por frenar primero y luego revertir los avances conquistados en un aspecto vital para la transformación democrática de la sociedad: la construcción de la memoria histórica, el fin de la impunidad, la concreción de la verdad y la justicia.
La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, para volver a decirlo con nombre y apellido: los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux, y Julio César Chalar, han puesto un freno a la justicia y pretenden retrotraer el país a 30 años atrás como si nada hubiera cambiado, como si nada se hubiera avanzado.
Primero desplazaron a la jueza Mariana Mota, que manejaba el 40% de las causas de violaciones a los DDHH durante la dictadura; luego decretaron la inconstitucionalidad de la ley que declaró no prescriptibles estos delitos. Al principio en un caso, cabe recordar que la SCJ no se pronuncia en general sino
caso a caso, pero luego en dos más: nada menos que el asesinato del maestro Julio Castro y el del médico Vladimir Roslik en la tortura. La señal es clara y vale la pena asumirla a cabalidad, van por todo, quieren cerrar todos los caminos y están dispuestos a pagar cualquier costo.
En la situación planteada se abre la interrogante obvia de: ¿Qué hacer? ¿Por donde ir?
El año pasado, cuando en una situación similar se debatía cuales eran las soluciones jurídicas para frenar la prescripción afirmábamos que asumir esto como un asunto puramente jurídico era un error. Lo decíamos y lo repetimos hoy, no hay un “santo grial” jurídico que termine de una vez y para siempre con la impunidad. La lucha por transformar la cultura de impunidad dominante, aún hoy, y abrir los caminos para la verdad y la justicia es permanente, no cesa, no termina. En primer lugar porque es una construcción social e histórica y exige iniciativa y movilización permanente de los que queremos verdad y justicia. En segundo lugar porque los impunes y quienes los defendieron y defienden no se rendirán y mantienen resortes importantes de poder en la sociedad; en el Poder Judicial como ha quedado meridianamente claro, en los medios de comunicación y en los partidos políticos de la derecha. Para los que queremos una transformación democrática del Uruguay derrotar la impunidad es estratégico, para quienes quieren mantener el statu quo de poder y hacer retroceder el país hacia el pasado, es estratégico mantenerla.
El calado de esta lucha es ese. Es de esa magnitud. No hay ninguna posibilidad de construir una sociedad diferente, más democrática, más equitativa, mas justa, si está vigente la impunidad. Ellos lo saben por eso la defienden.
Esta lucha ha sido, es y será compleja, caer en análisis simplificadores y en consignas podrá contentar a algunos pero nunca resolvió nada y no lo hará ahora.
Es necesario ver todas las dimensiones, o al menos las centrales de la batalla que enfrentamos. Estas líneas, modestamente, apuntan a ese objetivo.
Hay dos elementos básicos que corroen el muro que quieren intentar volver a levantar para garantizar la impunidad, no hay misterios, son la verdad y la justicia.
La verdad.
En todos los casos en que se ha investigado, en todos sin excepción, se demostró que las denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado eran ciertas. Para decirlo más claro, nosotros siempre dijimos la verdad y ellos, los impunes y sus defensores, mintieron siempre, y lo siguen haciendo.Por lo tanto, un primer espacio de lucha es seguir diciendo la verdad, abrirle caminos a la verdad. Seguir haciendo denuncias, que hablen los muros, las redes sociales, la movilización en la calle. Tenemos que dar testimonio de la verdad. Es una tarea difícil pero imprescindible. Cientos, miles, de compañeras y compañeros venciendo su dolor, denunciaron e hicieron una contribución vital a la memoria histórica, y a la democracia. Hay que hacerlo más, con más amplitud y profundidad. Los impunes y sus defensores no resisten el peso de la verdad, no pueden debatir. Su estrategia es silenciarnos. Hay que romper el cerco de silencio y decir la verdad. Así de simple y de complejo.
Las decisiones de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia no son inocentes, son culpables de de defender la mentira y el ocultamiento, cómplices de la mentira y el ocultamiento.
La justicia.
Hay otro espacio clave que es de la justicia. Durante 30 años las denuncias y los reclamos de las víctimas del terrorismo de Estado, que fueron miles, decenas de miles, encontraron un muro, la justicia les fue sistemáticamente negada.La perseverancia de las denuncias, las investigaciones de los organismos de DDHH y del movimiento sindical, el compromiso de un núcleo reducido de periodistas, fue generando espacios. Finalmente las medidas de los gobiernos del Frente Amplio y sobre todo la aplicación, no sin polémica y sin debate interno, de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman fueron claves. Se abrieron cientos de causas, se avanzó, se investigó y se condenó. Se demostró que era posible hacer justicia.
Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia impiden la justicia. No hay contrasentido mayor, desde el órgano máximo del Poder Judicial no se trabaja a favor de la justicia, se decide, se opera, se milita, para que no haya justicia.
¿Qué caminos quedan abiertos? En el terreno de la justicia todos. No debemos permitir que nos los cierren. En primer lugar porque esa imagen que quieren presentar de un Poder Judicial homogéneo y alineado que sería cuestionado desde los otros poderes es una mentira más. En la propia Suprema Corte de Justicia un magistrado, Ricardo Pérez Manrique, votó en contra de todos estos fallos y en sus fundamentos afirmó que contradicen el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta de DDHH de la ONU y que Uruguay se coloca al margen del derecho internacional. No lo dice el PIT-CNT o Familiares, lo dice un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, tan magistrado como los otros cuatro que defienden la impunidad. Pero además hay jueces y fiscales que entienden, con independencia técnica, que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no les impiden investigar y sancionar a los culpables. No aplican la ley declarada inconstitucional y se afirman en la preeminencia de los convenios internacionales, en su rango constitucional. Hay que apoyarlos, rodearlos y dar el debate, que no es sólo jurídico, es político e ideológico en su sentido más amplio.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia es indefendible en el terreno de la jurisprudencia internacional, convierte a Uruguay en un estado paria, reo de desacato. Hay que recurrir a los organismos internacionales de justicia, hay que denunciar, hay que hacerlos pagar el costo de su postura retrógrada e indefendible.
Lo dijimos y lo reiteramos, esta situación, generada desde un organismo de un Poder del Estado, por una mayoría circunstancial, pone arriba de la mesa la necesidad de transformaciones de fondo en la estructura del Estado. Hablamos de cambiar la Constitución, no para tener un Poder Judicial afín al gobierno, para no seguir teniendo un Poder Judicial guardián del poder y de los poderosos, que se niega a la verdad, que niega su función esencial, producir justicia.
¿Desde dónde y cómo resistir la impunidad?
Desde todos lados. Asumiendo esta batalla con la centralidad democrática y a la vez transformadora que tiene. Se necesita la mayor amplitud posible, no se trata de restar, tenemos que ganar a un sector de la población a la que no conseguimos llegar aún. No hablamos del núcleo duro de los impunes y sus defensores. Hablamos de cientos de miles de uruguayas y uruguayos que siguen presos del discurso construido históricamente en este tema, presos de la mentira repetida durante décadas y también de los aún indiferentes. Se necesita llegar a todos y para ello la verdad y los testimonios son claves, abren camino, puertas, corazones.¿La sociedad está igual ahora que encontramos a Miranda, a Chávez Sosa, a Julio Castro, a Blanco? ¿Ahora que se confirmó que Macarena era Macarena y Simón era Simón? ¿Ahora que las compañeras venciendo el dolor denunciaron las aberraciones sexuales cometidas en los batallones en su contra? ¿Ahora que la publicación de los informes con los archivos de inteligencia demuestran que se vigiló a 300 mil uruguayos? No, no está igual, pero aún no alcanza. Hay que volver a denunciar, volver a explicar, volver a dar el debate, volver a defender nuestra razón.
Tenemos claro la importancia de lo que está en juego. Es entre la verdad y la mentira. Entre la justicia y el encubrimiento. Es para que no nos pudran, aún más, los valores de la sociedad en la que vivimos. Es para garantizar que los cambios son posibles.
La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, los impunes y la derecha que los cobija, quieren vivir en una sociedad donde los responsables de violar a mujeres atadas e indefensas anden libres y ostentando su crimen. Nosotros no. Así de simple.
Por eso a los que dicen que hay que resignar la verdad y la justicia en aras de una democracia parapléjica y raquítica donde los únicos derechos vigentes sean los de los poderosos, que hay que dar vuelta la página; nuestra respuesta es muy clara: Ni lo sueñen.
