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La semana pasada analizábamos la gravedad de la decisión indefendible de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la jueza Mariana Mota y alertábamos sobre el peligro de una decisión aún peor. Esta se concretó. Por votación de 4 a 1 la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que estableció que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Aunque la indignación llene el corazón, es imprescindible ser preciso y claro. Para empezar precisemos responsabilidades, en ambos casos la Suprema Corte resolvió por mayoría de 4 a 1. En ambos casos votaron a favor de la impunidad Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux, y Julio César Chalar. En ambos casos votó en contra Ricardo Pérez Manrique. Los cuatro magistrados que votaron por la impunidad y los impunes ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura e hicieron carrera como jueces y fiscales en ese período. Pérez Manrique ingresó luego de la recuperación democrática.
Conviene recordar y precisar este concepto cuando desde la derecha se acusa al gobierno, a la izquierda y al movimiento popular de
presionar indebidamente al Poder Judicial y a los magistrados. Para empezar señalemos entonces que estos cuatro magistrados celosos guardianes de la Constitución se formaron y fueron operadores de una Justicia intervenida, ciega, sorda y muda y fueron cómplices de la peor violación a la Constitución. No están en cuestión las instituciones, ni se avasalla nada, se cuestiona la decisión de cuatro magistrados, con la historia que tienen, electos por acuerdos políticos en el Parlamento. Es paradójico ver a la derecha denunciar con histeria que se viola la separación de poderes por protestar cuando defienden la Ley de Caducidad por la cual los jueces tienen que pedirle permiso al Presidente a ver si investigan o no: ¿hay mayor violación a la separación de poderes que esa?
En términos jurídicos la declaración de inconstitucionalidad es impresentable. En primer lugar porque viola todos los convenios y tratados internacionales de los cuales forma parte Uruguay. Se ha señalado, con razón, que viola el Pacto de San José de Costa Rica, también la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman, pero viola la Carta de DDHH de la ONU como lo recordó la Alta Comisionada de DDHH del organismo internacional. Es un fallo que coloca a nuestro país como un estado paria, al margen de la legislación internacional. En términos de derecho es un fallo retrógrado a contramano de la historia. Con el criterio aplicado por los cuatro magistrados que votaron en mayoría el juicio de Nuremberg no habría ocurrido, los criminales nazis no habrían sido juzgados. Los asesinatos en los campos de concentración y las torturas hubieran sido juzgados como simples homicidios.
Para los cuatro magistrados que componen la circunstancial mayoría, no existió terrorismo de Estado, no existieron delitos de lesa humanidad, no fue el Estado el que planificó y ejecutó la represión, fueron actores aislados a los que se les dio por ir por el país y los países vecinos torturando y matando. Vale recordar que la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH es obligatoria para todo el Estado, el Poder Ejecutivo y el Legislativo están dando pasos para cumplirla, el Poder Judicial la desacata. Estos cuatro magistrados son reos del delito de desacato.
Es cierto que el fallo es por un caso en particular y no en general y que por lo tanto no significa el archivo automático del resto de los casos. Pero también es cierto que no es un hecho aislado.
La jueza Mota no aplicó nunca la ley hoy declarada inconstitucional, asumió la preminencia del derecho internacional. Sus fallos no son afecta dos por este dislate de la Suprema Corte. Por eso la sacaron. De hecho los jueces efectivamente pueden seguir investigando e incluso procesando, amparados por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH y por los instrumentos jurídicos internacionales refrendados por Uruguay. El mensaje de la remoción de Mota es claro, pero ¿estarán dispuestos a remover a todos los jueces que cumplan con la ley? ¿Llegará a tanto su compromiso con la impunidad y los impunes?
También está la dimensión política, lo señalába mos la semana pasada y lo reiteramos, aunque sean temas incomparables y consecuencias muy diferentes la decisión sobre el ICIR y estas dos referidas a los DDHH tienen un mensaje muy claro: el poder no se toca. Estas decisiones son parte de una estrategia de poder para frenar los cambios y defender el statu quo y para ello utilizan una institucionalidad aún incambiada en lo fundamental. Reiteramos lo que señalamos hace siete días, se impone preguntarse: ¿hasta donde podemos cambiar sin cambiar una Constitución pensada para que nada cambie?
Pero quizás lo más importante y de lo que menos se habla es el mensaje social, ideológico, en la construcción de valores. Estas decisiones amparan y defienden a asesinos, desaparecedores, secuestradores de niños, violadores y torturadores. Estas decisiones vuelven a golpear a los familiares que hace 30 años buscan a sus seres queridos; a quiénes venciendo el dolor se atrevieron a denunciar, a las mujeres que enfrentando todo denunciaron las violaciones sistemáticas.
Por eso con absoluta responsabilidad, pero con firmeza, como el lunes en Plaza Libertad, decimos con franqueza y claridad: no nos rendiremos jamás, nos pondrán trabas mil veces, mil veces nos levantaremos.
¿Se puede defender la ley enterrando la verdad e impidiendo la justicia? No, no se puede. Por eso, para defender la ley, con verdad y justicia, seguiremos denunciando, seguiremos presentando testimonios, seguiremos impulsando las causas, apoyaremos denuncias internacionales, estudiaremos vías políticas y legislativas. Le reclamaremos al Poder Ejecutivo que se involucre, que investigue, que aporte pruebas, que acuse.
Y también nos movilizaremos, porque la ley, la justicia y la verdad, hoy como siempre se defienden en la calle.
