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La lucha por todas esas cosas, por todas, es larga y compleja, está compuesta por avances y retrocesos, no es lineal. En las vísperas de un nuevo 20 de mayo y por lo tanto de una nueva, la 18º Marcha del Silencio, es importante analizar en que situación estamos en la permanente lucha por verdad y justicia, que es en definitiva la conquista, difícil, dolorosa, pero imprescindible de nuevos espacios de libertad.
Nibya: el fin de 29 años de mentira e impunidad
La semana pasada la jueza Dolores Sánchez condenó a 28 años de penitenciaría algeneral Miguel Dalmao por el homicidio “especialmente agravado” de Nibya Salbalsagaray, en junio de 1974. La sentencia judicial es importante, en primer lugar, porque le hace justicia a Nibya y pone fin a 29 años de mentira e impunidad. Nibya era militante de la UJC, profesora egresada del IPA, militante estudiantil y del FA. Estaba luchando por la democracia y la libertad y por eso fue asesinada. Fue secuestrada ilegalmente, torturada y murió a consecuencia de la aplicación de una técnica de tortura conocida como “el submarino seco”, consistente en aplicar una bolsa en la cabeza y apretarla hasta poner al torturado al borde de la asfixia. La dictadura no solo torturó y asesinó a Nibya, fabricó una mentira y la sostuvo durante 29 años. Dalmao siguió sosteniendo esa mentira, cuando fue preguntado contestó por escrito que no recordaba el caso y que sabía de él por “oídas en el cuartel”. Dalmao era el oficial de inteligencia del Batallón de Comunicaciones Nº 1, el S2 de la unidad. Ningún interrogatorio, eufemismo de tortura, se hacía sin su autorización. Cuando la investigación judicial logró el informe de inteligencia que sostenía la versión de suicidio, se descubrió que estaba firmado por Dalmao. Ante esta evidencia, Dalmao recordó, pero siguió diciendo que fue suicidio. Es decir, siguió mintiendo. La mentira dentro de la mentira. La sentencia es importante porque el caso de Nibya fue el primero que el gobierno del Frente Amplio habilitó a investigar cambiando la interpretación de la Ley de Caducidad. Fue el primero en el que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. También fue el primero en el que se condenó a un militar en actividad, nada menos que a un general, jefe de la División de Ejército IV. Es que la impunidad, niega la verdad a las víctimas, pero también perpetua la mentira y favorece a los criminales. Nibya por defender la democracia y la libertad, fue torturada y asesinada. Dalmao por torturar y servir a una dictadura fue premiado con la continuidad de su carrera y llegó al grado máximo dentro del Ejército.
Este caso también demuestra que la investigación judicial, cuando se la habilita, conduce a la verdad y produce justicia. Esta causa llevó 9 años, hubo aplicación de la Ley de Caducidad, declaración de su inconstitucionalidad, 26 testimonios y peritajes, sentencia, apelación, pronunciamiento de un Tribunal de Apelaciones y luego condena.
Todo eso provocó la perseverancia de la familia, del abogado, la actuación de jueces y fiscales comprometidos y la decisión política del Poder Ejecutivo. Los obstáculos fueron superados y se produjo verdad y justicia.
Los caminos de la justicia
Esta condena llega además en un momento muy especial. Estamos en el medio de una disputa que abarca a toda la sociedad, o debería abarcarla, tras la decisión de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831 que declaraba imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Este caso no es afectado por esa decisión, ya que Dalmao tuvo sentencia antes del 2011 y además la jueza no aplicó esta ley, ni condenó por delito de lesa humanidad, sino por uno del Código Penal, homicidio especialmente agravado.Pero su proceso y el rumbo que traza implican claramente una fisura, y no pequeña, en esa “muralla” que el magistrado de la SCJ, Ruibal Pino, pretende erigir a favor de la impunidad.
Tres de los actuales miembros de la SCJ votaron en 2009 la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad que permitió abrir la investigación del asesinato de Nibya. En ese momento se basaron en jurisprudencia de la Corte argentina en el caso denominado Arancibia Clavell favorable a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Esa misma SCJ, los mismos tres magistrados, 4 años después, se pronunciaron en un sentido exactamente contrario, y además, utilizaron el mismo caso de la Corte argentina, pero esta vez se basaron en los argumentos discordantes de la minoría.
Es un retroceso doctrinario y democrático tremendo, pero además es una contradicción difícil de sostener. Eso es así y hay que denunciarlo. Pero también hay que ser capaces de ver esto como un proceso, que tiene muy poco del pretendido purismo judicial y tiene mucho de cambio de postura, sensibilidad a presiones, correlaciones de fuerzas en la sociedad.
Es imprescindible ver la realidad como lo que es, un proceso con contradicciones, con avances y retrocesos y donde hay que dar la batalla en todos los terrenos, en todos.
Hay que condenar e intentar revertir la sentencia y la posición retardataria de la SCJ. Hay que apoyar la decisión de un número cada vez más grande de jueces, fiscales y Tribunales de Apelaciones, que a pesar de la postura de la SCJ, siguen investigando, abriendo espacios de verdad y produciendo justicia.
Suma en ese sentido el pronunciamiento del Frente Amplio, que reclamó entre otras cosas, “plantear al Poder Ejecutivo la creación de unidades especializadas para investigar, respaldar a las víctimas y realizar seguimiento de todas las normativas y actos administrativos en curso. Brindar asesoramiento y seguimiento de las causas a los denunciantes en los distintos ámbitos nacionales e internacionales que se estime oportuno presentar”.
¿Habrá que recurrir a los organismos internacionales? Sí, porque no hay que dejar de recorrer ningún camino y además porque hay una sentencia vigente de la Corte Interamericana de DDHH que obliga a todo el Estado uruguayo, también al Poder Judicial, y hay que hacerla cumplir.
Pero hay caminos abiertos en la justicia uruguaya, y los que no están abiertos, los tenemos que abrir, con iniciativa, con polémica, con denuncias. Esta lucha es parte de la lucha general por avanzar y cambiar la sociedad. No son compartimentos estancos. El avance en la lucha por verdad y justicia implica avanzar en la batalla general. Y los avances generales en el proceso de cambios abrirán más espacios de verdad y justicia.
Nuestro proyecto de país implica verdad y justicia, debe producirlas, es incompatible con la impunidad. Por eso no hay lugar a renunciamientos, y si se producen, deben ser enfrentados.
Así se cambia la realidad, así se avanza y se revierte el retroceso. Así y con lucha.
Todos al 20 de mayo
Nada de lo conseguido y nada de lo que falta, en ningún terreno, tampoco en el de la memoria histórica, la verdad y la justicia, se consiguió ni se conseguirá sin lucha.La lucha es cotidiana y permanente, pero tiene momentos que son síntesis, que marcan puntos de inflexión. Uno de ellos, uno de los principales además, es la Marcha del Silencio, que convocada por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se realiza cada 20 de mayo. Este año la consigna es: “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?”.
Todos tenemos una cita de honor este lunes. Nadie puede faltar. Las mejores ideas y estrategias se transforman en papel vacío si no las acompaña el compromiso de luchar por ellas.
Junto a Familiares, construyendo, como año a año, la columna popular que es la garantía última de la verdad y la justicia.
La impunidad y la mentira son un matrimonio inseparable, se necesitan mutuamente, se dan sustento. Ese matrimonio nefasto ha sido dominante demasiados años en el Uruguay. Hay que seguir abriéndole paso a la verdad que produce indefectiblemente justicia. Eso es lo que nos hará más libres.
